¿Qué es lo que el gobierno de México ha realizado en temas de la ecología?
Las políticas de desarrollo en
México no dieron importancia a los costos económicos y sociales del crecimiento
demográfico. La desigual distribución territorial de la población, el impacto
de las actividades productivas y la urbanización sobre la calidad del aire, el
agua y los suelos, ignorando las implicaciones de la degradación y destrucción
de los recursos naturales, provocaron el surgimiento de graves crisis
ambientales, especialmente en las zonas metropolitanas, así como la degradación
de los suelos provocada por la deforestación en las zonas rurales.
Ante el creciente reclamo de
la sociedad civil por la aparición de estas crisis, en la década de los setenta
se crearon las primeras instituciones para atender los problemas derivados de
la contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar
la Contaminación Ambiental; en 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento
del Ambiente, en el marco de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, y en
1976 se estableció la Dirección General de Ecología Urbana dentro de la
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
El primer antecedente en el
país data de 1983, cuando se creó la Subsecretaría de Ecología en el seno de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con lo cual se asignaron
nuevas responsabilidades y se reagruparon funciones vinculadas con el medio
ambiente que se encontraban dispersas en distintas dependencias federales, fue
en 1988 cuando el proceso mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre el
tránsito hacia la sustentabilidad y de manera particular hace eco en México con
la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA).
En 1994, México da un gran
salto institucional con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que fortaleció la gestión
gubernamental considerando la conservación ecológica y el uso sustentable de
los recursos. En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito de responsabilidad de la
pesca fue absorbido por el sector agropecuario. Y a partir de ese momento se
han producido diversos cambios en la ingeniería institucional del sector
gubernamental asociado a la gestión ambiental, los cuales buscan responder
mejor a las complejas tareas que supone esta actividad. Algunas leyes
relevantes que se han promulgado son:
La Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección del Medio Ambiente (1988, reformas en 2013)
Ley General de Vida Silvestre
(2000, reformas en 2013)
Ley de Aguas Nacionales (1992,
reformas en 2013)
Ley General de Pesca y
Acuicultura Sustentables (2007, reformas en 2013)
Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable (2003, reformas en 2013)
Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados (2005)
Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos (2013, reformas en 2013)
Ley de Desarrollo Rural
Sustentable (2001, reformas en 2012)
En México, la degradación
ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido creciente. El
Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha estimado a través
del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM) que la
depreciación de los recursos naturales como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB) ha oscilado anualmente entre un 11% y un 14%, desde 1985 al 2011,
por lo que es algo a lo que debiera dársele una mayor atención política. Esta
medición se expresa mediante el Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE), un
indicador que permite identificar el impacto que tiene en la economía el uso y
deterioro de los recursos naturales a causa de las actividades económicas de
producción, distribución y consumo.
Un aspecto muy
importante para enfrentar los retos de la ecología mexicana es la formación de
recursos humanos que, si bien se especialicen en diferentes aspectos de la ecología,
tengan una visión amplia de la problemática que se enfrenta en un país como el
nuestro. Asimismo, se deberá fomentar la investigación interdisciplinaria que
incluya perspectivas socioeconómicas, antropológicas, culturales, históricas y políticas
para la solución de la complicada problemática ambiental que enfrenta México.
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